El Ministerio Público solicitó la imposición de siete años de prisión a Elizabeth Silverio Silien por suplantar funciones profesionales en el ámbito de la salud y encabezar un esquema de estafa que afectó a decenas de familias en la República Dominicana. La resolución judicial sobre su futuro será emitida el martes 14 de abril, fecha clave para las víctimas, el caso ha llamado la atención a nivel internacional debido z la vulnerabilidad de quienes buscan atención especializada para menores diagnosticados con trastorno del espectro autista.
De acuerdo al Ministerio Público, Silverio Silien utilizó títulos académicos falsos, se presentó como doctora en neurociencia y psicóloga, y fundó el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Knowledge Land (Kogland) para captar familiares de pacientes diagnosticados con TEA. La investigación oficial reveló que no contaba con registro académico válido ni habilitación legal avalada por el Ministerio de Salud Pública, el Colegio Dominicano de Psicólogos ni el Poder Ejecutivo. El expediente incluye certificaciones de universidades extranjeras que niegan la existencia de la formación que la imputada reclamaba tener.
La institución subrayó que el centro Knowledge Land fue clausurado por el Ministerio de Salud Pública tras constatarse la ausencia de los permisos requeridos para operar en el área de la salud. Además, la investigación incluyó informes económicos que revelaron el carácter lucrativo de las maniobras, permitiendo a Silverio Silien obtener “ingresos significativos” de familias que depositaron su confianza en la institución bajo el supuesto respaldo profesional. El Ministerio Público caracterizó estos hechos como un “engaño” fundamentado en la generación deliberada de confianza falsa para alcanzar un beneficio económico directo.
La cadena de hechos verificados permitió a la fiscalía sostener la acusación por los delitos de estafa, falsificación y uso de documentos falsos, según los artículos 147, 148, 150, 151 y 405 del Código Penal Dominicano, artículos 92, 93 y 156, numeral 7, de la Ley 42-01, y el artículo 12 de la Ley 136-03, todas infracciones asociadas a la protección de derechos fundamentales y a la integridad del ejercicio profesional en el ámbito de la salud, como figuró en el escrito presentado ante la Novena Sala Penal del Distrito Nacional.
En este sentido, la presentación de testimonios y pruebas documentales por parte del Ministerio Público permitió mapear el alcance del daño causado, tanto por el retraso en los tratamientos adecuados para los menores, como por el lucro obtenido en perjuicio de familias con integrantes en situación de alta vulnerabilidad. Según la acusación oficial, la gravedad reside en la manipulación de la esperanza de quienes buscan atención especializada para menores con
