La profesora María Rodríguez Montero espera por el curso de las dos querellas que interpuso en la fiscalía de Villa Juna, Distrito Nacional, contra el director del Politécnico Unión Panamericana, Evangelista Batista Roa, al que imputa acoso verbal, sicológico y sexual.
La primera la depositó el 25 de febrero de 2022, la otra el 24 febrero de este año, pero narra que ni siquiera le han permitido tener una copia del segundo expediente.
El cuadro que describe es más grave aún, pues la única respuesta obtenida de las autoridades ha sido su suspensión y en la fiscalía argumentan que aguardan a que el Ministerio de Educación remita la evaluación sicológica que le hiciera. Mientras, el acusado sigue activo en servicio.
Sobre su supuesto acosador cuenta “me insultaba delante de mis compañeros, insistía en que tenía ya el tiempo acumulado para retirarme, lo que no es cierto, sacaba datos personales a relucir, y hasta me agarró los glúteos, incluso lo vieron estudiantes”.
La maestra, con tres proyectos de matemática innovadora con los que ha ganado dos concursos del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, indica que después de la primera querella los ataques arreciaron y relata un escenario de maltratos y humillaciones de largo tiempo y contra el que dice no ha tenido respaldo, solo más agresiones y amenazas.
“El 31 de enero me convocan al distrito educativo 15-03. Extraño. Ya había ido otras veces, y era ignorada por la directora Francia Gisela Chalas. En esa reunión encontré a mí agresor y parte de sus cómplices. No hubo nada en concreto”, narra.
Rodríguez Montero refiere que el 24 de febrero fue convocada junto a su jefe a una reunión por Wellington Mejía, director interino de Pensiones y Jubilaciones de Educación y por Scarlyn Rivera, de Gestión Humana, de la regional 15 y allí fue insultada y conminada a entregar su teléfono celular, que revisaron.
Dice que Mejía le vociferó que fuera donde quisiera y a la Procuraduría General y para rematar, al asistir al plantel a laborar, le impidieron la entrada, “por disposición superior”. Ese mismo día acudió a interponer la segunda querella. Ve complicidad de Chalas, que aduce que es un malentendido.
Después del primer sometimiento, Batista acordó con un sector magisterial y del Minerd, que no la asediaría, lo que la docente asegura no cumplió y que llegaba al extremo de perseguirla. Sostiene que incluso en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde estudia otra carrera, llegó a parquear el vehículo detrás del suyo.
“Hasta me negaban los alimentos en el comedor, porque así lo dispuso y en una ocasión me planteó que debíamos asumir entre los dos la plaza de un profesor que pereció, cuando eso es innecesario y absurdo, podía hacerlo sola y además, cuando se ha visto dos maestros para una misma plaza”, expone.
Tres días después de negarse a trabajar junto a Batista, fue la convocatoria a reunión que le hizo Mejía y que concluyó con su separación de las aulas, que espera sea revocada pronto.
Ahora, ante los reclamos de la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, en el centro ha sido nombrado un regente, el padre Wilfredo Montaño, pero el director sigue e incluso imparte clases y Rodríguez Montero le imputa recolectar cédulas de docentes con engaño para fingir apoyo colectivo.
En la fiscalía, Batista habría depositado un acuerdo sin autorización de la agraviada, que denuncia que todo es una trama, que el dirigente gremial Julio Antonio Pérez Féliz no ampara a los profesores y que ya antes sufrió persecución, la primera vez, aprovecharon una intoxicación con pintura cuando pintaban el plantel para retirarla de las aulas.
“Me sacaron y nunca recibí el dinero por compensación de ese malestar de salud pero tampoco dejé de asistir al liceo. Dios me puso a un adepeísta para ayudarme, Samuel Sena. Ahora usaron estrategias diferentes, violentaron todos mis derechos y el estatuto del docente”, asegura.
